Después de la distribuciónde competencias establecidas por la Constitución y como consecuencia de las
distintas normas que la desarrollan existen en el sector turístico competencias
concurrentes en los tres niveles de la Administración española: Estatal, Autonómica y
Local, y ello sin contar con la actividad aportada por la Comunidad Económica Europea,
que si hoy es una actividad escasa, ha de ser creciente a corto plazo.
En lo referente a la
administración Central o Estatal, ha quedado de manifiesto el contenido del citado
articulo149 de la Constitución. La gestión administrativa de las funciones de
estas competencias se lleva desde el Gobierno Central con premisas
de cobertura general (en los conceptos y en los espacios ) y con
criterios que en la práctica abarcan tres grandes áreas: Las relaciones
turísticas internacionales, la promoción del turismo y la cultura turística
(investigación, enseñanza, etc.).
La Administración
Autonómica está más preocupada por la eficacia directa y el resultado concreto en el
ejercicio de su competencia ,por ello y desde diecisiete puntos de vista diferentes se
procura dotar a << su turismo>> de instrumentos precisos para alcanzar
los resultados políticos y económicos más favorables . No se puede olvidar que el
peso del sector es muy distinto para cada Autonomía , por lo que la dedicación, y
el voluntarismo que a tal fin se pone desde la decisión política es también
muy distinto .
Además, cabe hablar de una
Administración Local competente en esta materia. La Ley de Base de Régimen Local
establece en su articulo 25.1 que el Municipio, para la gestión de sus intereses y
en el ámbito de sus competencias puede promover toda clase de actividades y prestar
cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
Comunidad vecinal. Es patente la importancia básica de Municipio en cuanto a la
prestación de servicios y promoción de actividades para el eficaz desarrollo del
sector.
Más allá del reparto de las
competencias están las funciones que se realizan a través de ellas. Mientras el mercado
turístico español esté fragmentado en sus normativas y finalidades resultará difícil
establecer criterios lógicos y homologados de calidad, controlar la oferta y la demanda
turística, crear métodos de trabajo comunes, sistemas eficaces de información...En el
fondo, será difícil, por no decir imposible, una acción coordinada de las diferentes
administraciones.
A los ojos de los clientes,
ya individualmente considerados, ya tour-operadores, el turismo en España ha de
presentarse como oferta única. De aquí que la Administración Central pueda exigir este
rol y de aquí, también, que las Comunidades eminentemente turísticas no se sientan
suficientemente respaldadas con posiciones globales o actividades de mera cobertura.
Todos los órganos de las
diversas Administraciones que ostentan Competencias turísticas, tienen la responsabilidad
de gestionar la actividad más relevante, y floreciente de la economía española. Esta
responsabilidad les obliga a comportamientos de consolidación y expansión no solo
del sector en sí, sino de todas sus actividades complementarias. Al mismo tiempo el
criterio de solidaridad nacional les obliga a mantener ciertas posiciones, a veces
difíciles, sobre todo para aquellas Comunidades que no se sienta especialmente
beneficiadas por el fenómeno turístico.
Aceptar el hecho, admitir la
responsabilidad y gestionar la función es sinónimo de organización.
Asumir la importancia del
turismo en la vida política, social y económica de un país y reconocer su profundo
significado personal y familiar es situar al turismo en una posición primaria por sí
mismo. Si este principio general se implanta en la realidad de nuestro país es aún
más trascendental. Por ello es básico y necesario, cuidar la materialización
concreta de su actividad. Queda patente que la ejecución de la política turística es ya
compleja por sí misma. El fraccionamiento de competencias ha provocado en varias
ocasiones, normativas singulares y heterogéneas sobre materias que son base del
turismo ( por ejemplo, alojamientos turísticos).
Últimamente la falta de
coordinación en el ejercicio de la política turística está provocando riesgos
concretos:
-Fragmentación del mercado con una incidencia negativa en la calidad de la oferta.
-Distorsión de la oferta turística en sus magnitudes, provocando en unos casos
exceso de oferta y en otros insuficientes.
-Información inconcreta, irregular, insuficiente, poco clara.
-Efectos desiguales en la aplicación concreta de la política turística de las diversas
Comunidades Autónomas.
Imaginación no ha faltado y
en muchas ocasiones se han procurado actividades simultáneas en los conceptos y en los
tiempos, que no han tenido el eco esperado, pues la suficiencia de varias Comunidades
Autónomas no han hecho posible el triunfo de esta estrategia . Además , unas
Comunidades dan importancia básica al turismo (dándose la circunstancia de que
esta opción la han adoptado, también, algunas Comunidades que son escasamente
receptoras.)Otras lo han olvidado en ostracismo rigiéndose supletoriamente por las
normativas de la Administración Central.
España se encuentra en un
momento óptimo para el favorable desarrollo del turismo. De manera unánime, los
expertos han coincidido en que en las próximas décadas la demanda turística
podría aumentar en unas tasas anuales entre el 4 y el 6 por 100,esta expectativa de
futuro positivo está avalada por multitud de circunstancias, como por ejemplo:
-
Crecimiento económico de las economías occidentales.
-
Distensión de los bloques.
-
Liberación de los países de Centro y de Este de Europa.
-
Consolidación del proceso de integración Europeo.
-
Aumento del tiempo de ocio.
-
Concentración de la población en grandes ciudades.
-
Adelanto de la edad de jubilación .
-
Aumento del nivel educativo.
-
Modificación de gustos y costumbres.
-
Aparición de nuevas necesidades de ocio.
-
Desarrollo de la tecnología.
-
Desarrollo del transporte.
-
Desarrollo de los sistemas de comunicación.
-
Mayor capacidad económica y en especial de la tercera edad.
No cabe duda de que estas razones y
otras muchas no incluidas justifican la preocupación por las políticas turísticas. Al
final todo el juego de los enormes intereses económicos del turismo, tiene un papel
decisivo en la aplicación de la política adecuada, pareceun
sinsentido que en un país como España estas políticas no estén coordinadas apoyándose
e impulsándose mutuamente, reforzando la sinergia de ritmo, de potencia acelerada.
Al margen de todo ello conviene
recordar la intrínseca condición técnica del turismo. A nivelpopular
se opina de cuestiones trascendentales del turismo sin los conocimientos suficientes,
incurriendo en errores o despropósitos lamentables. El turismo requiere una técnica
concreta tanto en la planificación política como en la aplicación prácticade sus acciones. estatécnica ha de ser rigurosamente mantenida
como principio inalterable por las Administraciones y la viabilidad de la actividad. Por
ello es tanto más importante la homogeneidad de criterios entre todos los órganos
competentes de las distintas administraciones ,cuando tengan que hacer posible y fácil el
ejercicio de su profesión distribuido en un complicado tejido empresarial.
Objetivo básico: la coordinación
de los niveles dela relación que se plantean en la práctica ;las que
afectan a la Administración entre sí, es decir las actuaciones acordes de los órganos
de la Administración-sector-cliente, que son en realidad las relaciones más importantes
sobre las que debe girar cualquier comportamiento político.
Sin consideraciones conceptuales o
filosóficas la importancia del sector turístico en España es suficientemente
explicativaprofundizan en las siguientes aportaciones:
a)-La
mano de obra empleada .
b)-La
participación de la actividad turística en el PIB español.
c)-Losingresos por turismo.
d)-El
numero de extranjeros y de turistas españoles.
e)-El
turismo es la primera cuenta de nuestra balanza de pagos.
f)-El
volumen de la oferta de alojamientos.
Olvidarse de estos datos sería un
gran error; precisamente por su consideración y peso específico el turismo ha de ser un
sector estratégico de la economía española; considerarle como sector estratégico
obliga a una accióninstitucional en tres niveles:
a)Interno dentro de cada administración. El evidente carácter interdepartamentalobliga a una gestión horizontal de cada administración .Es difícil que exista un
responsable de la políticaturística, debería existir, más bién,
un coordinador-ejecutor de los responsables de la política turística.
b)Relacionesentre las diversas administraciones. Las competencias
en materia de turismo están perfectamente atribuidas y cada administración es celosa
respecto a las suyas. El turismo requiere una acciónlógica y
creíble, por lo que ha de existir una inevitable voluntad de entendimiento entre las
diversas administraciones competentes.
c)Relaciones entre las administraciones y los sectores sociales. La actividadeconómica-turística es especial por la composición pública-privada de los
componentes. En varias ocasiones el poder legislativo españoles ha manifestado en el
sentido de que la solucióna los problemas que afectan al sector
turístico debe venir dada en el terreno de la política y de la técnica de lo jurídico.
Buscando soluciones imaginativas
hay que tener en cuenta que los mecanismos de coordinación de las actuaciones de las
diferentes Comunidades Autónomas son en España débiles, poco experimentados, lo que
coarta todaposibilidad de fusión rápida y de coherencia ejecutiva.
Corresponderáa la Administración y a la vez la iniciativa en la
coordinación de las Administracionesy a la vez la iniciativa en la
coordinación público-privada. Sin embargo,¿hasta qué punto las administraciones deben
intervenir en el desarrollo del sector? Cabría señalar tres criterios:
A)La
acción tutelar y defensiva de los intereses sociales y económicos, en los que la
Administración debe intervenir como en cualquier otro sector.
B)El
diseño de acciones conjuntas de promoción, formación, comercialización e información,
en donde la Administración debe intervenir favoreciendo e impulsando estos criterios para
un desarrollo fácil y rápido de los mismo.
C)En
el ejercicio de la actividad en donde la Administración debe abstenerse por ser un sector
que la iniciativa privada cubre perfectamente.
Recordemos que el principio del
<<correo>> es perfectamente aplicable a la situación estratégica del sector:
Cualquier pérdida de posición en el sector turístico produciría una pérdida no
recuperable para la economía del país.
España, como país, tiene la
obligación de recordar permanentemente que el turismo es un pulmón económico y que ha
de cuidarlo con extraordinario esmero y con fe en su desarrollo a largo plazo.
Turismo y despreocupación fue
sinónimo para la clásica CEE. Yase puso de relieve en el Manifiesto
de 1958 cuando al suscribirse al Tratado de Roma no se incluyó el turismo, dando pie a un
vacío que recaía en un sector que se desarrollaba progresiva y constante.
Otro criterio se ha aplicado en la
UE de hoy y ha cambiado esta política bien sea por la integración de los seis países
más turísticos de Europa, bien sea por la Carta Europea de los ciudadanos. En el seno de
la comunidad parecen existir dos posturas al respecto:
-Quienes desearían dejar el desarrollo del turismo a la libertad de mercado,
evitando intervensionismos o regulaciones salvo en los supuestos de turismo social o
defensa del consumidor.
-Quienes abogan por una política turística de ámbito europeo que establezca
principios de actuación dado no solo la importancia social del fenómeno turístico sino
su trascendencia económica, cultural e incluso turística. España se ha integrado en
este segundo sector.
Desde esta perspectiva la cuestión
planteada se hace aún más importante, si consideramos que la Unión Europea produjo a
partir del 96 fenómenos hasta ese momento no incorporados a las políticas nacionales. No
sólo la libre circulación de profesionales sino la homologación de titulaciones, y el
proceso de unificación de las empresas turísticas son ejemplos de hechos concretos que
habrán de asumirse.
Así no bastan las buenas
intenciones o los mejores deseos de liderar la política turística europea o de exportar
el <<saber turístico>> español. El peso de España en el turismo mundial,
representando con un 7 por 100 legitima y justifica, pero no es suficiente.
Sobre estas cuestiones parece
necesario que las autoridades políticas insten al sector y a la propia Administración
para preparar todas las actividades del turismo ante la Unión Europea, bien sea con una
formación especialmente diseñada, con un cambio en las estructuras empresariales o con
una mentalización permanente hacia el futuro. Lo queen cualquier caso
parece claro es que cualquier política se ha de adoptar y se ha de desarrollar en un
marco europeo.
Las implicaciones que el sector ha
consolidado en los intereses sociales son de tal naturaleza, que sobrepasan las fronteras
y relacionan las normas legales internacionales. Se podría decir que pocos hechos
sociales influyen tanto y tan directamente en la familia, en la economía y en la
política.
Al paso de los
años y de los hechos, la realidad no deja lugar a dudas. Una Europa unida en los
conceptos ha de estarlo también en la vida práctica de sus ciudadanos y de los intereses
y desvelos personales y profesionales de los mismos.
Sólo cabría puntualizar que:
-El turismo como hecho social determinante ha de ser un constante foco polarizado de
atención y atracción de la U.E.
-El turismo se integra y se funde en el difícil límite de la norma y la conducta,
los deseos y las posibilidades, la libertad, los intereses económicos y el desarrollo de
la sociedad y del individuo.
II
ULTIMAS REFLEXIONES
Al margen de las conclusiones
particulares que se han ido incluyendo en los informes finales de cada capítulo, cabe
agregar algunas reflexiones a título de epílogo.
El ejercicio de las competencias
administrativas en materia de turismo por las diferentes administraciones implicadas y, en
concreto, la acción normativa, ha provocado un marco de actuación de la actividad
turística dispar en el conjunto del territorio español.
Tras el estudio realizado,
científico y sistemático en el que se han comparado las legislaciones vigentes se puede
afirmar una quiebra en el mercado único turístico o lo que es igual una ruptura en el
sector público respecto a la actividad turística.
Esta afirmación se basa:
Primero:El
proceso de transferencia de las competencias específicas de turismo, tal y como el Art.
148 de la Constitución establece, se efectuó en su globalidad y no se produjeron
anomalías notables respecto al bloque legislativo Constitucional.
Sin embargo se ha detectado una
evidente dejación del derecho que la Administración Central debería haber esgrimido en
el cuidado y "tutela" a lo largo de este proceso.
Las causas históricas hay que
buscarlas en los periodos en que se produjeron las transferencias a las Comunidades
Autónomas y en las épocas en que comenzaron a ejercer la competencia adquirida.
En el primer caso la conflictividad
que originaba el proceso global de transferencia tuvo su raíz en el turismo. El hecho
venía avalado no sólo por el deseo de todas las administraciones de transferir esta
competencia sino por la facilidad administrativa dada su estructura burocrática:
Secretaría de Estado.
Otras causas surgieron más tarde y
de hecho la crisis social y política que transtornaba la Administración General del
Estado a finales de los 80 y comienzos de los 90 supuso un abandono de las iniciativas
centralistas a favor de una potencia cada vez más marcada de las Comunidades Autónomas.
Cabe afirmar que la Administración
Central no llevó a cabo su obligación de tutela y coordinación, y aún más de control
(por razones económicas) en una actitud que favoreció individualismos, oportunismos y
criterios divergentes.
Segundo:El
acto legislativo, el contenido de la ley es, sin duda, un acto de "cultura
social" que permite la adaptación del derecho a la realidad social.
El elemento impulsor de la ley o
del cambio de la ley tiene su origen en la voluntad política, en la conveniencia social o
económica, en la exigencia técnica o de mercado.
Pues bien, e muy poca ocasiones (y
esta afirmación ya es generosa) la ley turística ha respondido a exigencias técnicas o
de mercado y, por el contrario, en la mayoría de los supuestos ha tenido su origen en la
voluntad política.
Unida esta circunstancia a la
ausencia de un cuerpo científico y doctrinal turístico y, por ende, a una falta de
conocimientos del legislador, las normativas vigentes están plagadas de errores
conceptuales, equívocos, confusiones y ausencias.
A los responsables de la política
turística de las enseñanzas de turismo, a las grandes empresas del sector y a las
fuerzas sociales les corresponde provocar el estudio científico del turismo, conceptuador
y técnico.
Es muy poco responsable que cada
Comunidad Autónoma tenga su concepto de turismo, de actividad turística, de recurso
turístico, y de actividades reglamentadas. Nada dice tan enorme disparate respecto a un
país líder de la actividad.
Las primeras leyes de turismo se
sometieron a los criterios que las Administraciones conocían. La burocracia elevada a
ciencia y a ley: procedimientos, inspección, sanción, registros, control, etc.
El variopinto mapa legislativo
español esta sufriendo (afortunadamente) un cambio significativo, pasando de las leyes
sancionadoras y de inspección a verdaderas leyes globales, ordenadoras de la actividad
turística (aunque todavía cinco Comunidades Autónomas no han elaborado su ley de
turismo).
Lo curioso es que estas leyes han
ido surgiendo por causas muy diversas y con enfoques diferentes que producen en su
aplicación desigualdades profundas, destacando principios legales tan dispares que
parecen regular actividades que no tienen casi nada en común.
Desde la creación de organismos /
empresas gestoras, hasta el subterfugio intervensionista pasando por cuerpos de
inspección especiales, afanes subvencionistas, búsqueda de mercado, impulso de la
actividad, ayuda al sector y otras muchas cosas más, elaboradas con o sin la ayuda de las
asociaciones empresariales, la razón real de un texto ha respondido a
"demasiados" intereses.
Al técnico legislador le causa
estupor las modificaciones que los textos sufren en sus procesos legislativos,
burocráticos, parlamentarios o partidistas.
Tercero:El
mercado único (su concepto, su existencia, su equilibrio y desarrollo) se sustenta en
cinco pilares independientes e interconexionados. Estos cinco fundamentos del mercado son:
1.UNIDAD
DE CONCEPTO.
2.GARANTIAS
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS.
3.UNIDAD
ECONOMICA.
4.LIBRE
COMPETENCIA Y LIBERTAD DE EMPRESA
5.UNIDAD
DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES.
Concurren estos cinco pilares con
una triple visión del mercado único.
Desde la perspectiva de la
administración.
Desde la perspectiva de la
oferta turística.
Desde la perspectiva del
cliente (usuario, consumidor real y/o potencial).
En base a este planteamiento cabe
precisar:
A) Respecto a la UNIDAD DE
CONCEPTO, el mercado único está roto. Ya hemos indicado que lo que la Administración de
una Comunidad Autónoma entiende por turismo o por actividad turística es diferente, es
esencialmente diferente, de lo que entienden otras. Estas rupturas o diferencias se basan
en conceptos tan vitales como: actividades reglamentadas, recursos turísticos, empresas
turísticas y un largo etcétera, (si entrar en otros aspectos: medio ambiente, calidad o
municipios turísticos). Frente a ello hay que oponer o abogar que los conceptos de
turismo tienen que ser uniformes. Es o no es turismo una determinada actividad. Es o no es
recurso turístico un determinado elemento.
Es una cuestión de una importancia
extraordinaria. Entendemos que es vital para el correcto desarrollo normativo y aún se
esté viviendo de la doctrina legal de los 60. las cosas han cambiado mucho y van a
cambiar muy rápidamente. Es absolutamente necesario promover, a nivel de todas las
Comunidades Autónomas, un entendimiento científico-técnico del turismo (aunque a uno no
le guste una actividad, no deja de ser turística y viceversa).
La Administración Central ha
iniciado accionesen este sentido, en las reuniones de Congresos de
turismo de los Directores Generales de turismo de las Comunidades Autónomas, pero es
netamente insuficiente todavía.
B) Respecto a las GARANTIAS LEGALES
Y ADMINISTRATIVAS el mercado único no existe. Evidencian esta afirmación desigualdades
gravísimas como, por ejemplo, en el régimen sancionador o en los requisitos
administrativos para la apertura y funcionamiento de empresas turísticas.
Si la ley es salvaguardar de
garantías, comportamientos e igualdades, en este caso no lo es.
Uno de los principios más
importantes del Estado de Derecho es el carácter social de la ley y en ello se incluye la
igualdad de todos en todo el territorio de las garantías que la ley proporciona respecto
a los comportamientos y actitudes.
No es lógico que la misma empresa
que ha actuado de idéntica manera en establecimientos ubicados en comunidades diferentes
obtenga unas garantías legales y administrativas distintas.
Es una característica típica del
Estado Federal y no de Estado de las Autonomías.
Desde el Defensor del Pueblo,
Defensor de los Usuarios y Consumidores, Parlamento, Ministerio de Justicia, Asociaciones,
etc. se deberá levantar un clamor para igualar estas garantías que no sólo rompen el
mercado único, sino un principio más importante aún: la seguridad jurídico-social.
C) Respecto a la UNIDAD ECONOMICA,
entendemos que sí existe un mercado único. Los aportes económicos de la actividad a lo
largo y ancho del territorio permite configurar aportes globales al P.I.B. español, a la
Balanza de Pagos, al empleo y otras magnitudes macroeconómicas, de todos conocidas.
Es curioso que en lo tocante a las
cuestiones o intereses económicos sí se produzcan la unidad de mercado: Poderoso
caballero es...
D) Respecto a la LIBRE COMPETENCIA
Y LIBERTAD DE EMPRESA entendemos que también se quiebra el principio de mercado único.
La empresa no sólo no tiene la misma libertad de actuación en una o en otra Comunidad
Autónoma, e incluso en uno u otro municipio, sino que a veces se encuentra encorsetada en
límites trasnochados y sobrepasados por la realidad del mercado (caso concreto de
apartamentos turísticos o restaurantes).
Sin embargo, hay que destacar que
no se dan situaciones de monopolio u oligopolio. Todo lo contrario. Casi el 85% de la
empresa turística sigue siendo pyme.
La distribución autorizada de la
actividad empresarial, y la distribución geográfica son argumentos que abundan en la
decisión de transportar a los textos normativos lo que realmente está ocurriendo en el
mercado.
A veces las normas mandan por
encima de otras o de todos los intereses. Es un tributo de un sistema político que tiene
que ser equilibrado.
E) Finalmente y en cuanto a la
UNIDAD DE ACCION frente o con los clientes (usuarios y consumidores) y, a pesar de las
normativas defensoras de sus derechos, también el mercado único comienza a quebrarse
como lógica consecuencia de los aspectos que anteriormente han sido expuestos.
Las empresas funcionan como el
mercado les obliga a funcionar y en esta ocasión como las administraciones se lo imponen.
El mercado termina cohesionado pero la administración no.
De los cinco fundamentos del
mercado único, claramente se rompe el equilibrio en cuatro de ellos. Se llega a la
conclusión de que el mercado único es más una entelequia que una realidad.
Cuarto:Descendiendo
a un nivel normativo, se detecta la vocación de todas las Comunidades por actividades
como el alojamiento hotelero, la mediación (Agencias de Viajes) o los campamentos de
turismo (camping) y el "abandono" injustificado y grave de los apartamentos
turísticos, restaurantes, multipropiedades y, por supuesto, en una larga serie de
actividades más o menos novedosas que están entrando a formar parte de la actividad
turística.
a)En el primer
caso citado puede que existan diferencias operativas que transtornen el día a día del
gestor o del empresario, pero no pueden exagerarse hasta el punto de afirmar que también
las reglamentaciones rompen la unidad de nuestro mercado. (Si acaso las mayores
diferencias se están produciendo en la emergente actividad del denominado turismo rural).
b)Todo lo
contrario ocurre en el segundo supuesto. No sólo el "abandono" citado rompe el
mercado y, sobre todo, desde la perspectiva de los usuarios y consumidores, sino que se
crea el grave riesgo de abrir la puerta del intrusismo, la alegalidad, las prácticas poco
éticas e incluso circunstancias de mayor calado.
Quinto:No
puede olvidarse que la visión de la ruptura o no del mercado único es distinta para el
consultor, jurista, político, estudioso o ajeno a la actividad (visión macro), que para
el profesional, empresario, gestor, proveedor o cliente (visión micro). Quizá en este
último caso preocupen más las diferencias que repercuten en su cuenta de resultados,
aunque una visión más global pueda considerar estas diferencias de menor grado.
Tampoco puede omitirse que los
diversos subsectores turísticos mantienen poca relación entre sí (excepción hecha de
los grupos que desde los 80 se han ido creando), pero es muy frecuente que quien participa
de un subsector nada sepa y quizá nada le importe de otros subsectores.
Sexto:No
puede comprenderse una administración sin administrados. La Administración Pública
existe por y para ellos.
La perspectiva de las
Administraciones Públicas del mercado único tiene su mayor peso específico en las
relaciones con los administrados y, precisamente el marco en el que se han de desenvolver
esas relaciones es el marco legal. Así pues, también desde la perspectiva, la
afirmación de un mercado único se complica.
Los comportamientos son muy
diversos ya sean por Comunidad Autónoma o por talante político. Shoubert lo denominaba
el surrealismo de la relación Administración-administrado y concluía diciendo
fatalmente que nada se podía hacer al respecto.
Séptimo:A
pesar de los avances tecnológicos, la información viaja mal, se recibe mal y, a veces no
viaja. Es una cuestión de actitud y de voluntad. La soberanía competencial de las
Comunidades Autónomas ha permitido que no se miren las unas a las otras o que se miren
para tomarles como ejemplo contrario.
Se puede hablar de exceso de
individualismo y del exceso de egocentrismo que han ayudado a que cada Comunidad aplique
sus intereses, (casi siempre su interés político) y se olvide otros condicionantes. Esta
realidad no tiene marcha atrás.
Octavo:La
consideración hacia un mercado único no puede pretender que el "hecho
diferencial" de las Comunidades Autónomas desaparezca.
Cada Comunidad Autónomas diferente
y hay que respetar su diferencia. En esa diferencia está también su riqueza.
España es, desde la Constitución
un Estado de Autonomías. Este principio constitucional ha estructurado la forma política
del Estado. El "hecho diferencial" de cada Autonomía es precisamente eso, un
hecho diferencial que no conduce a un Estado Federal, sino a una forma consagrada y
consolidada desde 1.978.
En realidad el Estado de las
Autonomías es muy joven. Algo más de veinte años de existencia no es nada para la
consolidación de un sistema. Se requiere más experiencia, más generosidad, más
cooperación, en definitiva más tiempo.
Sin embargo es tiempo ya de
iniciar el proceso de cooperación real que conduzca al sentido común: la igualdad,
respetando el hecho diferencial de las Autonomías. Pero el hecho diferencial de las
Autonomías debe respetar al ciudadano, al cliente, al prestatario del servicio y a quien
lo presta y lo recibe.
ESTE
ESTUDIO-INFORME QUEDA SOMETIDO A OTRO MEJOR FUNDADO.
